Juan M.Campos Ciber-Regulación

San José, CR - Tras la dimisión de Eduardo Zaplana como diputado y portavoz del Partido Popular en España para asumir el cargo de delegado de Telefónica en la Unión Europea en el año 2008, varios medios europeos, en particular españoles reabrieron el debate, sobre ética, política y telecomunicaciones, la pregunta que en general rondaba trataba de resolver las razones que tenían distintas compañías para fichar particularmente a políticos para encargarse de temas relacionados con la industria del lobby; el diario digital Cinco Días. com respondía que no era la primera vez que empresas de telecomunicaciones recurrían a políticos, afirmaban en aquella oportunidad que “las relaciones de Zaplana con Berlusconi son uno de los justificantes esgrimidos para el fichaje, que disparará el sueldo del ya ex político” y agregaban que “ fuentes de Telefónica aseguran que Zaplana es amigo personal de Silvio Berlusconi, primer ministro electo italiano, una circunstancia que se da por muy bienvenida ahora que la española ha entrado en el capital de Telecom Italia, pero obligada a aliarse con socios nacionales para evitar los recelos patrios a la presencia extranjera en su principal operadora. Casos similares, relacionados con fichajes políticos han ocurrido en América Latina, baste recordar la relación Felipe González - Carlos Slim.

Como se observa, el debate no es nuevo, y la incursión de políticos en la industria de telecomunicaciones tampoco lo es, a fín de cuentas, esta industria siempre será una tentación entre quiénes persiguen cambios y beneficios particulares vía lobby y quiénes preferimos la consulta pública transparente, lo que importa al final de la historia es el funcionario público sea comedido y que guarde en la garantía de trato, el principio de igualdad constitucional que nos gobierna, en síntesis, la transparencia.

El problema como se observa, no es el trabajo mismo de los políticos ni las horas profesionales que le cobren a sus clientes, ni los bonos de éxito que podrían obtener ante una determinada concesión de frecuencias, el problema es que el Estado y los otros políticos, los que gobiernan y ejercen el poder, nos puedan garantizar un ambiente justo y digno.
A propósito de estos temas que hoy reflexiono y por esos azahares que a veces uno no logra comprender, he tenido la oportunidad de analizar con detalle varios procesos de concesión directa de frecuencias que si bien aún no concluyen con el título respectivo, produjeron cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico que posibilitó por vía de una modificación al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias que se pudiere optar por concesiones directas, sin costo para el ( o los ) petente (s), sin ingresos para el Estado y al menos en un caso en abierta violación al artículo 134 del Reglamento de Telecomunicaciones vigente, el cual ordena concurso público para las concesiones de televisión por suscripción.


Al final de esta historia de Etica, Política y Telecomunicaciones queda pendiente y por resolver si las modificaciones introducidas al plan nacional de atribución de frecuencias y vigente desde el 20 de abril del presente año bajo el mando del entonces Presidente Don Oscar Arias Sánchez facilitaron o no el trámite de una conocida multinacional para la obtención de una concesión directa para la explotación de servicios de telecomunicaciones